El nuevo presidente Manuel Llorente, puesto por las instituciones, tuvo como principal objetivo rebajar la deuda con la entidad bancaria. Esto obligaba a negociar una refinanciación de la deuda mientras el máximo accionista, la Fundación VCF, no podía devolver el préstamo, lo que provocó la intervención del avalista: el IVF de la Generalidad Valenciana, pagando con dinero público parte de los intereses del préstamo: 4’8 millones de euros. Se aseguró que habría una segunda fase de venta de acciones para democratizar el club pero nunca llegó a realizarse.